A partir de la declaración de inconstitucionalidad del Título IV (artículos 53 a 97) del DNU por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuyo trámite ahora estudia la CSJN, las tres entidades empresarias aliadas al gobierno, expresaron la necesidad de derogar los artículos 8, 9, 10 y 15 de la Ley 24.013; 1 y 2 de la Ley 25.323; y 80 de la Ley 20.744, conforme el texto ordenado por la Ley 25.345, que implican derechos conquistados por los trabajadores en defensa de su estabilidad laboral.
Según las mencionadas patronales, los artículos detallados "dificultan la generación de empleo genuino, al enfrentar a las pymes con la contingencia de afrontar una erogación que el propio negocio es incapaz de generar", con multas económicas que "provocan una afectación económica de enorme relevancia, comprometiendo seria, injusta y desproporcionadamente a las empresas y a la sociedad en su conjunto".
En tal sentido, las tres entidades señalan que las multas de las leyes aludidas "fueron el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina, en tanto disuaden a los empleadores de contratar de un modo muy trascendente".
Por último, aclaran que "La opinión y la colaboración manifestadas por SRA, CAME y CONINAGRO es únicamente relativa a la parte del derecho individual del trabajo, excluyendo de forma expresa toda vinculación con el Derecho Colectivo del Trabajo. Cabe destacar que se anexaron informes en materia económica que justifican el escrito ante la CSJN", concluye el comunicado.
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